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Rocío Mesino

Publicado en Opinión

Bajo Fuego

Rocío Mesino

José Antonio Rivera Rosales

  La reciente aprehensión de la activista Rocío Mesino Mesino, que de toda su vida ha participado en la lucha social, arroja una lectura confusa sobre las motivaciones del gobierno de Ángel Aguirre Rivero.

   En principio, aunque existe un sustento jurídico contenido en un expediente penal desahogado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), pareciera un contrasentido que el operativo de captura se implementó en vísperas de una temporada vacacional que pudiera reafirmar el repunte de la afluencia turística, en un momento en que el estado de Guerrero apenas comienza a salir de los aciagos días de la violencia extrema que tuvieron su peor momento en agosto de 2011.

   Según datos ofrecidos en días pasados por mandos de la Policía Federal acantonados en el puerto, en los tres primeros meses de 2013 la tasa de secuestros muestra una declinación inequívoca en comparación precisamente con 2011 y 2012. Mientras en lo que va del año se reportan ocho secuestros, el año anterior hubo un registro de 100 casos ocurridos con mayor profusión en este destino turístico. Si hacemos una estimación de la ocurrencia anual probable, con base en la incidencia registrada hasta hoy según los cálculos de los representantes de la PF, entonces al finalizar el año tendríamos un promedio de 32 casos, muy inferior a los 100 plagios del año próximo pasado.

   Claro que estos datos se refieren sólo a los delitos denunciados o que son registrados por la corporación a través de un seguimiento formal y de ninguna manera toman en cuenta la cifra negra, que según estudios desarrollados por organismos calificados podría ascender al 80 o 90 por ciento.

   Aunque la violencia sigue mostrado un rostro descarnado que mantiene en vilo a la comunidad, es alentador suponer que, por lo menos en lo que toca al delito de secuestro, que es de los más lesivos para la sociedad -ni que decir para las familias agraviadas-, podríamos empezar a ver resultados concretos de la estrategia regional diseñada por el gobierno de la república.

   Ello viene al caso porque, de botepronto, la Procuraduría General de Justicia a cargo de la jurista Martha Elba Garzón Bernal decide solicitar orden de aprehensión contra la activista que, de entrada, reclama airadamente su inocencia en el delito que se le imputa.

   Si tomamos en cuenta que Mesino Mesino es la principal dirigente de la facción más combativa de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), es de lógica elemental suponer que sus seguidores pronto se plantarán a las puertas de los tribunales para exigir su inmediata liberación, respaldados desde luego por otras organizaciones radicales de otras entidades que marcharán con seguridad por las calles de este centro turístico demandando su liberación. Ello dará al traste con las cuentas alegres que hacen las autoridades en materia de turismo.

   Si, como sostiene la procuraduría, hay elementos suficientes para fincar responsabilidad penal a Rocío Mesino, entonces ¿por qué el apresuramiento, violencia y vejaciones para detenerla?

   Hay algo aquí que no encaja.

   Pareciera que existe más una motivación política que otra cosa. ¿Será que se trata de inhibir el surgimiento de otros grupos de policías comunitarios que están en proceso de formación en pueblos de la sierra de Atoyac? Porque lo cierto es que por lo menos dos o tres organizaciones sociales de la región están en la fase final de construcción de  acuerdos para crear su propios órganos de seguridad ciudadana en la Costa Grande en alianza con la Unión de Pueblos (UP-CNPA), que hizo lo propio en el vecino municipio de Coyuca de Benítez.

   Visto este fenómeno desde el gobierno, claro que resulta preocupante el surgimiento de grupos civiles de autodefensa armada que, ante el acoso oficial, pudieran transformarse en algo muy diferente, en particular porque está en puerta una gran alianza de organizaciones campesinas para integrar un gran frente social en contra de la delincuencia, pero también de los abusos de las instituciones de seguridad. Este gran frente estaría en vías de exigir una diversidad de demandas sensibles ante los tres órdenes de gobierno, no sólo seguridad y justicia.

   El primer paso de este complejo proceso de integración de la sociedad civil organizada será el debate que este lunes se llevará a cabo en Chilpancingo para darle forma a la demanda social en materia de energéticos, seguridad y, de manera especial, en torno de la configuración del cuarto orden de gobierno sustentado en la institución comunitaria.

   Tal parece, sin embargo, que a las autoridades les molesta que en este proceso se integren organizaciones de toda laya, especialmente formaciones campesinas como la OCSS que ha resultado ser bastante incómoda para los gobiernos en turno por la sospecha de que sus filas han nutrido a la oposición armada, sean del signo que sean.

   Porque, si nos atenemos a los datos disponibles a cuentagotas, el expediente de consignación le imputa a Mesino responsabilidad en el secuestro y homicidio de Victorino Luengas  García, ocurrido  a mediados de 2011. La imputación proviene de un primer detenido de nombre Ricardo Jiménez Zapata, detenido en relación con esa causa penal desde el 28 de junio de ese año.

   Para efecto de clarificar el caso, conviene aquí remitirnos a una historia anterior: el domingo 18 de septiembre de 2005 un grupo de tres individuos ultimó, con disparos de fusil AK-47, a Miguel Ángel Mesino Mesino, considerado por el gobierno federal como líder de una formación armada, el Comando Justiciero 28 de Junio (CJ-28). En el atentado, que se perpetró a unas cuadras del centro de Atoyac de Alvarez, resultó herido Antonio Romel Jaimes Chávez, hermano del activista Zohelio Jaimes, fundador de la Coalición de Ejidos de la Costa Grande.    

   En su comunicado número 3, fechado el 2 de octubre de 2005, el Comando Popular Revolucionario La Patria es Primero (CPR-LPEP), célula de una formación mayor autodenominada Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), de inmediato se adjudicó el homicidio, producto de una disputa interna entre grupos guerrilleros que finalmente se saldó con la ejecución de varios de sus miembros, de los cuales el caso más relevante fue el de Mesino.

   Así lo resume el comunicado de TDR: “El Comando Justiciero 28 de Junio, dirigido por Miguel Ángel Mesino, devino en el brazo armado de los hermanos Mesino para imponer -mediante mecanismos de terror- su control sobre sectores campesinos que participaban en diferentes organizaciones sociales, entre ellos la OCSS dirigida por la familia Mesino”.

   Prosigue el comunicado: “El CJ-28, en alianza con grupos de narcotraficantes, inteligencia militar y paramilitares, se dedicaron a traficar armas, madera, droga e influencias”. En el párrafo siguiente, TDR concluye que “todo lo anterior nos obligó a detener la carrera criminal de dicho sujeto (Miguel Ángel Mesino)”. Es decir, a ejecutarlo.

   Antes, el 6 de julio, ese mismo grupo armado TDR había dado muerte a José Rubén Robles Catalán, exsecretario  general de gobierno de la administración de Rubén Figueroa Alcocer, por su presunta responsabilidad en el caso Aguas Blancas.  Más recientemente, en 2010, esta formación armada fue la responsable, en probable coordinación con otros grupos rebeldes, del secuestro del líder panista Diego Fernández de Cevallos. 

   El día del atentado contra Mesino, los tiradores huyeron sin que nadie los detuviera, pero dos de ellos fueron identificados. El principal pistolero resultó ser Eriván Ortiz Serafín, quien en su momento fue denunciado ante el Ministerio Público por la familia Mesino, pero el individuo desapareció del escenario durante años.

   Reapareció ahora en Coyuca de Benítez con el alias de Ricardo Jiménez Zapata, detenido por la Procuraduría de Justicia como presunto responsable del secuestro y homicidio del señor Luengas García, consumado en junio de 2011.

   Es este sujeto, Ortiz Serafín alias Ricardo Jiménez Zapata, quien señaló a Rocío Mesino como jefa de una banda de secuestradores y homicidas que han generado un clima de terror en la región serrana de Atoyac y Coyuca de Benítez, es decir, señalándola como su jefa. Ello resulta, por lo menos, inverosímil.

   De entrada es impensable que habiendo asesinado a su hermano Miguel Ángel Mesino, razón por la cual mantenían una enemistad mortal, el presunto guerrillero metido a secuestrador se haya puesto a las órdenes de la activista para seguir cometiendo fechorías en nombre de una supuesta causa social.

   Por lo menos en esta imputación contra la activista, la PGJE estaría cometiendo un error garrafal que, con bastante probabilidad, meterá en un brete al titular del Poder Ejecutivo.

   Conviene, pues, que la dependencia revise su actuación y evidencias, porque si bien es un grave atentado el secuestro y homicidio cometido cometidos contra cualquier ciudadano trabajador, con la aprehensión de Ortiz Serafín podrían desentrañarse otros casos de extrema gravedad que, vale decirlo, pudieran ser pauta para una convulsión todavía mayor.  Para saberlo, sólo habrá que esperar.

 

 

   

  

 

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